La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó en su tercera reunión de trabajo el informe de admisibilidad de las denuncias contenidas en los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN): Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Con 16 votos afirmativos y 15 en contra, la iniciativa impulsada por el Frente de Todos (FdT) salió victoriosa y de esta manera quedó abierta la instancia de investigación y recolección de pruebas, donde se llamará a declarar a testigos. Los jueces podrán ser citados, aunque pueden negarse a concurrir.

De esta manera, el oficialismo se alzó con la resolución que sostiene que de los 14 proyectos “se acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”. Entre estas acusaciones se apunta contra los jueces por supuesto mal desempeño de sus funciones por el fallo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; por haber restituido la antigua ley del Consejo de la Magistratura; por el fallo del 2×1 que beneficiaba a represores; y por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Más allá de que en la votación haya ganado la propuesta del FdT, los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un informe de rechazo “in limine” en la que se aclaraba que los diputados de la Coalición Cívica (Juan Manuel López y Paula Oliveto) promovían la apertura del sumario de investigación respecto únicamente de Lorenzetti, en base a sus propios pedidos. Por su parte, Alejandro Rodríguez, titular del interbloque Federal, también se manifestó por la inadmisibilidad.

Postura y plazos

El diputado nacional por Tucumán Mario Leito fue uno de los que votó a favor de la apertura del proceso de investigación y en relación a esto aseguró que los integrantes de la comisión tendrán tiempo suficiente para analizar las pruebas contra los cuatro jueces.

“Aquí hay pedidos muy concretos. Incluso, algunos formulados por las provincias que tienen que ver con la coparticipación. En mi caso como representante de los tucumanos, conozco cómo se manejó la coparticipación en el gobierno de Mauricio Macri donde la Ciudad de Buenos Aires (CABA) pasó del 1.4% al 3.75% y luego bajó al 3.5%, en 2018. Y a partir del cambio establecido en 2020 por el Congreso, el gobierno porteño reclamó y la Corte los avaló dejando de lado una ley con una medida cautelar”, manifestó el oficialista en diálogo con LA GACETA. Y agregó: “Esto atentó contra el federalismo porque en provincias como la nuestra necesitamos recursos de Nación y cada vez que trabajamos en la sanción del Presupuesto intentamos poner obras para distintas provincias y si Nación tiene que destinar una suma de dinero no prevista a CABA se va en detrimento de todas las demás jurisdicciones”.

Leito también indicó que esta nueva etapa del proceso puede demandar mínimamente dos meses de trabajo porque se analizarán todo tipo de pruebas y ante esto se calcula que recién en abril podría llegar el pedido de juicio al tratamiento del recinto. “Al final de la etapa de pruebas se hará la evaluación final y allí se verá si se logra el dictamen para que lo trate todo el pleno del cuerpo”, puntualizó.

Ataque institucional

En representación de la oposición, Lidia Ascárate defendió la postura adoptada en JxC sobre este tema y expresó que el avance del juicio político contra los jueces de la CSJN “afecta severamente la institucionalidad, la Constitución Nacional y el principio democrático de la división de poderes”. “No acompañamos el ataque a la Corte porque es un tema que está fuera de la agenda de la ciudadanía y a contramano de esto no se están tratando temas de macroeconomía, de la inflación que deteriora el poder adquisitivo, de la emisión constante, del desempleo y otros temas que sí afligen la vida cotidiana”, enfatizó.